Consulta
En una votación dividida, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió que no será posible realizar en abril próximo la pretendida consulta nacional para la revocación de mandato, un propósito impulsado por el presidente López Obrador y su partido. La consulta no ha sido cancelada, solo aplazada su ejecución. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia le ordenó ya al INE que ajuste su presupuesto, porque la consulta va.
El problema deriva -según los consejeros- del recorte por casi cinco mil millones de pesos al presupuesto del INE, que contará con unos 20 mil millones el año próximo. Para realizar la mencionada consulta se requieren casi cuatro mil millones.
El riesgo de obligar al INE a llevar a cabo esta consulta con recursos limitados radica en la posibilidad de que reduzca la cobertura y la calidad del proceso, lo que no beneficiaría a nadie.
La postergación, como era de esperarse, se convirtió rápidamente en un conflicto político, porque el presidente y sus huestes han visto siempre al INE como un enemigo, un instrumento de la oposición y tienen unas ganas incontenibles de controlarlo. En su conferencia del pasado viernes, el presidente López Obrador calificó la acción como una “chicanada”, o sea, una artimaña.
Personalmente, no le veo una utilidad real a la mencionada consulta. El presidente ganó con claridad la elección de 2018 y su compromiso es encabezar el gobierno durante un periodo de seis años; lo natural es que permanezca en el cargo hasta que concluya su mandato, no veo la necesidad de preguntarle nuevamente al electorado. Es una pérdida de tiempo, un gasto oneroso e inútil, que solo distrae la atención de gobierno y sociedad sobre los verdaderos problemas del país, entre los que destacan actualmente la violencia, la inflación y la escasez de medicinas. La revocación consiste en “la conclusión anticipada del encargo por pérdida de confianza”, un argumento que permitiría retirar a una cantidad inmensa de autoridades en el país, aunque en el caso del presidente su popularidad se mantiene en niveles suficientes para que la consulta resulte en su favor. Entonces ¿qué necesidad?
Como parte de las complicaciones para la organización de la consulta, sus promotores tienen como fecha límite el próximo 25 de diciembre, para entregar dos millones 750 mil firmas, lo que significa que es necesario el respaldo manifiesto del tres por ciento del padrón electoral, en al menos 17 estados del país, para avalar la realización del referéndum. Hasta hace unos días, miles de estas firmas habían sido rechazadas por el INE, por diversas inconsistencias, pero en eso siguen y seguramente las reunirán.
Así las cosas, el INE se ha vuelto a colocar en el centro de la polémica. El instituto ha organizado numerosas elecciones democráticas en México, convirtiéndose en referente internacional. No podemos permitir que sea convertido en rehén de ningún partido ni grupo político.
