Letra muerta

Hemos escuchado mucho de la Revocación de Mandato a nivel nacional, pero ¿qué es lo que pasa en Baja California? Para empezar, ni a nivel nacional ni a nivel estatal la revocación es algo nuevo, porque ya van varias declaraciones tanto del actual presidente de la República como del todavía Gobernador Jaime Bonilla en la que plantea esta ley como si fuera una herramienta por la que ellos hubieran luchado y que apenas fuera una realidad. 

En Baja California, desde hace ya más de diez años tenemos la figura de revocación de mandato para los servidores públicos de elección popular, es decir para los que llegan a través de nuestro voto, sin embargo las personas sólo podemos solicitar la revocación a través del Congreso del estado mediante un juicio político, o sea no podemos salir a juntar firmas como en otros estados o inclusive como a nivel nacional se puede, y eso termina siendo hasta cierto punto letra muerta, pues una cosa es que esté escrito en la ley, y otra que realmente proceda. 

La reforma que está solicitando el actual Gobernador no es para que la revocación de mandato exista en Baja California, pues como ya lo comentamos, ya existe, es para que un funcionario de elección pueda solicitar la revocación de otro funcionario, pero actualmente ya está en manos de funcionarios el que pueda haber revocación, ya que además de a través del juicio político, dos terceras partes del Congreso, o sea por lo menos 17 de las 25 diputaciones lo pueden determinar si a quien se quiere remover cometió una causa grave. 

La discusión no debe de estar en hacer una reforma para nada más modificar la revocación de mandato en nuestro estado, sino en modificar la Ley de Participación Ciudadana, ya que en ésta es donde se establecen los instrumentos y mecanismos para que las personas podamos participar en la vida pública de nuestro estado, así que ahí se debe añadir la revocación, de esta manera la revocación de mandato pasaría a ser en Baja California una herramienta de participación ciudadana, y así tener la facultad de poder recurrir a ella juntando una considerable cantidad de firmas y sin necesidad de estar a la merced de los diputados y diputadas, sino, seguirá siendo letra muerta. 

Obstaculizar la participación de las personas, no dándoles herramientas necesarias para que su participación sea válida, también es corrupción. Por el simple hecho de ser ciudadanas y ciudadanos, tenemos el poder de modificar, crear o anular leyes o decisiones que se tomen en nuestro país, estado y municipio, y eso es lo que se establece en las herramientas de Ley de Participación Ciudadana, sin embargo la realidad es que las personas podemos organizarnos, juntar firmas y esforzarnos, pero al final si seguimos como actualmente sin contar con que dicha ley  cuente con más herramientas de participación como la revocación y defienda a las personas a través de términos y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con el seguimiento a nuestras exigencias, seguiremos sin avanzar en sacar adelante los temas que más nos importan.

Hace veinte años en Baja California se aprobó la Ley de Participación Ciudadana y la última modificación que hubo fue el 21 de septiembre 2013, hace ya exactamente nueve años, seguimos dependiendo de la voluntad de terceros y mientras eso no se cambie por parte de nuestros diputados y diputadas, seguirá siendo letra muerta...