Tentación

Desde finales de 2021, el recorte al presupuesto y los constantes embates desde Palacio Nacional mantienen al Instituto Nacional Electoral en el centro de la atención nacional.

Es evidente que el presidente López Obrador no simpatiza con los consejeros, además que no le parece justo que tengan salarios por encima del suyo.  Al señor López Obrador no le agrada la autonomía del instituto, es obvio que se sentiría más cómodo con un órgano electoral encabezado por alguno de sus incondicionales.  Eso sería bueno para él y para los intereses del partido en el poder, pero no necesariamente para el país.  El INE no debe trabajar para el gobierno, tampoco para la oposición, para ningún partido en particular.

No podemos pasar por alto que, desde su creación en 1990, el PRI, el PAN y Morena han ganado elecciones presidenciales, en procesos organizados por el INE.  Por encima de la inestabilidad propia de los vaivenes de la política y las presiones que se ejercen siempre desde el poder, el instituto ha mostrado capacidad e imparcialidad a lo largo de su existencia.

El conflicto ahora es que la autonomía, imparcialidad, certeza, transparencia y legalidad que definen la esencia del organismo, parecen no coincidir con esa incontenible tentación y los deseos de permanencia del partido en el poder.  Repito, eso es lo que parece.

El INE argumenta que, para mantener la necesaria autonomía requiere de los recursos suficientes para su funcionamiento; desde el gobierno les demostraron que no hay otro remedio, la austeridad republicana se viene aplicando por igual en todas las áreas.  Concediendo que no son tiempos para el derroche, habría que considerar también que lo barato frecuentemente sale caro.

Es cierto que el INE le cuesta mucho a los contribuyentes, pero considerando el privilegio que significa vivir en democracia, un amplio porcentaje de mexicanos está dispuesto a pagar el precio.  La mayoría en el Congreso de la Unión decidió recortar por tercer año consecutivo el presupuesto del INE, para 2022.  La disminución fue de cerca de cinco mil millones de pesos, el costo de la consulta de Revocación de Mandato podría alcanzar una cifra similar.

Así las cosas y con las obligadas limitaciones, la consulta de Revocación de Mandato va.  Está por verse si se logra una participación numerosa o todo queda en un desairado e inútil ejercicio, como el realizado para investigar delitos del pasado y enjuiciar a los expresidentes.  De nada sirvieron los 528 millones de pesos invertidos y el esfuerzo de miles de ciudadanos que trabajaron en aquella consulta.  A la fecha, no hay una sola investigación abierta contra ningún exmandatario.

Con o sin consulta de revocación el presidente se mantendrá en el cargo.  El mayor riesgo no es volver a desperdiciar valiosos recursos, que bien podrían ser utilizados en urgentes necesidades, sino que el órgano electoral termine por sucumbir ante la fuerza del aparato gubernamental y se convierta nuevamente en un instrumento al servicio del poder.