Gobernadora electa de BC contra decreto sobre el agua de Bonilla
Tijuana, B.C., Julio 02.- La gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció que presentará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de municipalización del agua que promovió el actual gobernador, Jaime Bonilla; el cual transfiere el servicio, administración y operación del agua del estado a los municipios
Ni la ampliación del periodo de trabajo del Fiscal General del Estado de 5 a 9 años, ni la municipalización de las Comisiones de Servicios Públicos forma parte del proyecto de trabajo de la gobernadora electa, Marina Del Pilar Ávila Olmeda de acuerdo con lo declarado esta noche en el la sala Benito Juárez en Mexicali.
“Estamos en favor de la municipalización del servicio del agua pero no era el momento”, dijo la morenista, quien advirtió que se trató de un acto que viola la Constitución, agregando que revisarán la reforma presentada por el gobernador Bonilla, ya que consideró que no era el momento para llevarla a cabo, además que incumple el artículo 115 constitucional.
"Existen muchas posibilidades de que la reforma se caiga porque no se cumplieron con los tiempos ni las formas procesales parlamentarias, como que no se cumple el 115 constitucional" , expuso, agregando que le sorprendió que se presentara la iniciativa porque ya se encuentran en el periodo de transición; por lo cual se requiere un planteamiento integral, con estudios técnicos, financieros y jurídicos.
También mencionó que hay municipios en la entidad que no tienen agua, entonces se requiere hacer un planteamiento integral, con estudios técnicos, financieros y jurídicos. Y que la empresa Fisamex "se va", en referencia a que no se ampliará su contrato de auditoria con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
El primer contrato de esta empresa fue con el gobierno del panista Francisco Vega y se mantuvo con Jaime Bonilla para hacer cobro de cartera vencida y generar juicios mercantiles y penales en coordinación con la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
De acuerdo a versiones de abogados hay más de un centenar de amparos judiciales y denuncias de comerciantes y empresarios que consideran que hay cobros indebidos de la CESPT y del gobierno estatal.
Se va a seguir cobrando el agua, lo que es, ni más ni menos, afirmó Marina del Pilar.
La gobernadora electa inconforme con la propuesta, pues nunca se trató en el proceso de transición y confió en que el decreto se revertirá. “Se va a seguir cobrando lo que es, no más ni menos”, adelantó.
La finalidad de la acción de inconstitucionalidad es dejar sin efecto una ley que se presentó sin estudios de la Auditoría Superior del Estado y sin acuerdos con los cinco cabildos de la entidad.
Se dio a conocer que la iniciativa fue aprobada a cuatro días de que termine la 23 Legislatura, con mayoría morenista y publicada el 29 de julio, un día después, en el Periódico del Estado.
Además, un día antes de que concluyera su gestión, los 11 congresistas que votaron en contra, incluido un grupo de Morena identificado Ávila Olmeda, quienes presentaron la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
