"Narcomédicos": uso indebido de fentanilo en hospitales públicos

Tijuana, B.C., Noviembre 11.- La Secretaría de Salud de Baja California se encuentra bajo investigación luego de que saliera a la luz que a través de la dependencia fueron recetados, a través de una supuesta falsificación de recetas donde dosificaban cientos de frascos de fentanilo, la droga con mayor demanda en EE.UU., actualmente .

La presunta receta que se surtiría para el "consumo de 12 pacientes de hospitales públicos de la Secretaría de Salud de Baja California", con lo cual obtuvieron la liberación de 60 cajas del narcótico capaces de anestesiar a más de 2 mil 500 personas y cuyo valor en el mercado negro alcanza los miles de dólares, por lo cual se inició una indagatoria por el  uso indebido de fentanilo y ketamina en hospitales públicos de Baja California, así como el indebido suministro a pacientes y las recetas sospechosas.

Esta investigación reveló que cientos de recetas oficiales de la Secretaría de Salud fueron expedidas y surtidas para obtener narcóticos controlados en cantidades masivas. Presuntamente el modus operandi indica que las recetas fueron expedidas a pacientes que fueron dadas de alta anteriormente. Médicos han sido investigados por la posible implicación en recetas falsas para a pacientes en casos graves que van desde recién nacidos, hasta una mujer de 73 años.

El exsecretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico durante la pasada administración fue acusado de irregularidades graves en varias dependencias, fraudes, moches y malos manejos en los diferentes cargos que se ha desempeñado. Además es acusado de contar con cientos de contratos amparados por la urgencia del COVID-19, sin embargo, se presume que si el gobierno actual lo audita, encontraría serias irregularidades en su administración.

Acusaciones por presuntas acciones de corrupción se remontan a Agosto de 2020, señalaron una vez más al gabinete del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla; ahora también involucrado Alonso Pérez Rico,  secretario de salud del Estado en mención.

Pérez Rico, cuenta con licencia en su plaza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se le acusa junto a Miguel Ángel Rubalcaba Molina, otro empleado del IMSS, de un supuesto fraude a tres empresarios que aseguran haber entregado más de 61 mil dólares para ganar un concurso de licitación en 2018, aunque al final no lo lograron.

 “Este tema lo vamos a ver cuando las instancias correspondientes me marquen, me citen a declarar, si es que lo van a hacer. En ese sentido podré decir si conozco o no a esa persona”, contestó en entrevista el secretario, acompañado de un asesor jurídico, al concluir el informe relacionado a la pandemia en el estado.

La cuestión paraba en sí conocía a Ramón Alejandro Treviño, que en la denuncia elaborada el 17 de agosto en el municipio de Ensenada, ante la FGR, garantizó haber tenido mínimo un par de videollamadas con él cuando era Jefe de presentaciones médicas del seguro social, para seguir el acuerdo de acceder a un contrato de subrogación de hemodiálisis.

La idea de “ayuda” para resultar ganadores de la licitación, de acuerdo al demandante, fue de Miguel Ángel Rubalcaba Molina, quien de este modo buscaba responder a un préstamo económico que le había hecho. 

El acuerdo, según copia de la denuncia distribuida a diversos medios de comunicación, fue que los interesados darían 100 mil dólares como una supuesta fianza para concursar por el contrato con un hospital nuevo, y entregarían el 10% de las ganancias incluyendo como socio al hermano de Miguel Ángel, Francisco Sebastian Rubalcaba Molina.

“Al haber platicado con Alonso Pérez Rico, jefe de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California, creó en mí confianza que me decían la verdad y que era todo lícito”, expuso en el escrito Ramón Alejandro Treviño. 

Pérez Rico admitió que conoce a Miguel Ángel Rubalcaba Molina debido a que éste laboraba en un área administrativa en San Quintín, el sexto municipio del estado. “Yo no sé qué situación tiene él, al final de cuentas lo ha expresado a varios medios, va a tomar medidas jurídicas contra estas personas. Yo con él tengo una relación laboral y lo respeto mucho. No sé si hizo, no hicieron o qué hicieron”, contestó al cuestionarle si confía en él.

Además, compartió que, hasta ese momento no se había comunicado con la delegada del IMSS, Desireé Sagarnaga, y tampoco se había confirmado la supuesta investigación interna que habría sido ordenada por ella al haberse hecho pública la denuncia.

Según la actual investigación en la que ha participado el medio local Punto Norte, al menos 12 recetas se expidieron entre 2019 y 2020 en el Hospital Materno Infantil de Tijuana que permitieron obtener de su farmacia 60 cajas  de Fenodid, marca comercial del fentanilo (más de la mitad de la dotación total del fentanilo que recibió el hospital en ocho meses); dichas recetas era iguales, para casos muy distintos indicó el medio.