En la Discusión de la Reforma Eléctrica llamamos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a un diálogo abierto, respetuoso, apegado al Estado de Derecho y sin descalificaciones

Desde Coparmex rechazamos las acusaciones sin fundamento contra las empresas, pues esto inhibe el desarrollo de México

En la Discusión de la Reforma Eléctrica llamamos a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a un diálogo abierto, respetuoso, apegado al Estado de Derecho y sin descalificaciones
Por: EL MEXICANO | 10/18/2021

Insistimos en nuestra propuesta de contar con energía eléctrica limpia y

barata para todos los mexicanos.

Para los más de 36 mil empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la

República Mexicana (Coparmex) en más de 100 ciudades del país, es una

prioridad contribuir para que los mexicanos contemos con el abasto suficiente de

energía eléctrica limpia y barata en nuestros hogares y negocios. 

En Coparmex hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestra disposición al

diálogo y al trabajo conjunto para lograr, desde el fortalecimiento de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE), que nuestro país alcance la seguridad energética,

necesaria para elevar la calidad de vida de los mexicanos y para favorecer la

creación de nuevas empresas y empleos. 

Por esa razón, rechazamos categóricamente cualquier tipo de descalificación y

señalamiento sin fundamento en contra de las empresas e inversionistas. Estas

imputaciones irresponsables en contra de un sector no abonan al crecimiento de

nuestro país y al interés común de impulsar el avance de la industria eléctrica -

particularmente de la CFE- en condiciones de justicia, donde se respete el Estado

de Derecho y se promueva la libre competencia. 

Desde Coparmex, hacemos nuevamente un llamado para que el sector público y

el sector privado sentemos las bases de una colaboración respetuosa, que piense

primero en México, donde se dejen a un lado las diferencias y los conflictos y en el

que ambas partes asumamos con responsabilidad nuestra obligación de encontrar

soluciones a los grandes desafíos de nuestro país. 

Los empresarios de México hemos actuado en el marco de la ley, hemos invertido

y confiado en nuestra Nación para contribuir a la generación de energías limpias,

que para los usuarios finales sean más baratas y menos contaminantes, pues

hasta hoy, nuestro marco regulatorio lo permite. 

Por ello, afirmar que los empresarios no pagan y no invierten, es falso. 

En Coparmex, queremos energía para todos. Que sea limpia, que sea barata, que

impulse el desarrollo de México y nos permita como nación, cumplir con nuestros

acuerdos internacionales. 

Consideramos que los errores y abusos no sólo deben ser señalados, sino

corregirse con base en la ley, para que esto contribuya a la transparencia y

certidumbre en la industria.

No estamos en contra de que exista una regulación firme en materia energética,

pues esperamos que el Estado continúe siendo garante de la electricidad para los

mexicanos; sin embargo, sí estamos a favor de que los mexicanos contemos con

un servicio de mayor calidad y a un mejor precio, lo que en el corto plazo resulta

imposible para la CFE, pues no cuenta con recursos para invertir en generación,

transmisión, distribución y comercialización. 

Por ello, estimamos pertinente que la CFE fortalezca sus capacidades en la

transmisión y distribución, y se complemente con inversión privada en la

generación, principalmente de energías verdes cuyos procesos de producción son

menos contaminantes y de bajo costo. 

Reiteramos nuestra disposición para aportar ideas que generen acuerdos, pues

los mexicanos y el Gobierno de México cuentan con la experiencia del sector

empresarial para encontrar juntos mecanismos que nos garanticen la generación

de energía eléctrica desde el respeto a las leyes y normas que rigen este

importante sector de la vida nacional

Por último, esperamos que nuestros legisladores analicen profundamente la

iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal y tomen en cuenta todas y

cada una de las implicaciones negativas -jurídicas y de inversión- que tendría el

país si aprueban esta reforma tal como fue presentada.



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