Participación ciudadana directa

Policromo

(Consulta del 1º de agosto)

ROGELIO AROS GUZMÁN

No cabe la menor duda que los instrumentos de participación ciudadana son elementos fundamentales que fortalecen a las democracias. No solo se debe pensar que con el ejercicio del voto para elegir candidatos a puestos de elección popular es suficiente para establecer que vivimos bajo el reinado de una verdadera democracia participativa. La consulta ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la iniciativa popular constituyen mecanismos de participación democrática directa mediante los cuales los ciudadanos participan en la construcción de un estado constitucional de derecho democrático, por lo cual, dichos instrumentos de participación ciudadana deben ser impulsados con el único propósito de fortalecer nuestra incipiente democracia y sus instituciones para protegerlas de los intentos autoritarios de debilitarlas, o incluso, desaparecerlas. 

Estos mecanismos deben ser auténticos a efecto de que la ciudadanía participe activamente en el proceso de fortalecimiento democrático de México. Sin embargo, dichos instrumentos deben ser verdaderos, claros, sinceros y ausentes de toda manipulación y tergiversación, por lo cual, deben llevar inmersos en sí mismos, el espíritu democrático integrador y no faccioso, autoritario o partidista. Es verdaderamente lamentable que se gasten recursos en este tipo de mecanismos aduciendo de manera demagógica “que se requiere la voluntad del pueblo” para llevar a cabo tal o cual actividad, cuando se está obligado por el mismo estado de derecho, es decir, por el cargo que se ostenta, a cumplir con el imperio de la ley. La ley no se vota, estando vigente. Se puede votar antes de su aprobación y su inicio de vigencia, o después para modificarla o abrogarla, pero nunca, nunca para aplicarse estando vigente, sin que dicho acto constituya una violación flagrante a nuestra constitución y a nuestro marco jurídico positivo. 

La consulta para preguntarle al pueblo si considera que se debe proceder o no contra los ex presidentes o ex funcionarios es un verdadero acto contrario a las normas positivas, que por su misma vigencia son imperativas para cumplirse, solo con las salvedades que en las mismas leyes se establecen. Es importante hacer notar que el “mayoriteo” en las decisiones, en este caso de la Corte mexicana, bajo ninguna circunstancia constitucionalizan en nombre de la justica, un acto a pesar de que así lo determine la Corte y lo constitucionalice de manera fáctica, autoritaria e injusta. Dirán, pero, “¿la Corte se pronunció a favor de la consulta, que no”? No en ese sentido literal. Efectivamente, después de un intenso debate con intento de manipulación de su presidente, quien inició, por sugerencia u orden del jefe del ejecutivo, el debate tratando de dar línea para que se aprobara en los términos que el presidente López proponía, -(rompiendo con una tradición no escrita en la que el presidente de la Corte, no interviene de inicio para no ejercer ningún tipo de “línea” en los asuntos a tratar), hubo una férrea oposición a la propuesta original del ejecutivo que se desechó por inconstitucional. En una votación muy dividida, los Ministros desecharon el proyecto original que consideraba la consulta un “concierto de inconstitucionalidades”, pero la modificaron de tal forma que palabra como “expresidentes” y “delitos” desaparecieron de la versión final. Es decir, algo que era inconstitucional lo “constitucionalizaron” al quitar e incorporar términos para hacer una “chicana” jurídica y así poder complacer de manera abyecta al que vive y despacha desde el Palacio Nacional.

El proyecto original de inconstitucionalidad de la consulta, no por ser consulta como tal, sino porque se pretendía, como se pretende, consultar al pueblo si está de acuerdo a que se cumpla con la ley o no, proyectado por el ministro ponente, Luis María Aguilar, fue desechado por órdenes del presidente de la república y para eso se prestaron, el Ministro Presidente Lelo de la Rea, (propuesto por López y aprobado de manera autoritaria por los legisladores morenistas y asociados, para que de manera inconstitucional, siga al frente de la Corte como Presidente), los tres ministros propuestos por el ejecutivo, de nombres; Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, y otros dos paleros de nombres; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, que por sus pistolas y por órdenes del presidente de la república, desecharon primero el proyecto original de inconstitucionalidad y luego aprobaron una consulta electorera, que es a todas luces inconstitucional. Pero como las decisiones de la Corte son inatacables en el régimen jurídico interno, la consulta va que va. Los ministros que no aprobaron el atraco constitucional, que se sostuvieron de manera estoica, docta y jurídica en base al marco jurídico que nos rige, fueron; Luis María Aguilar, quien elaboró el proyecto donde la inconstitucionalidad se planteaba, Norma Piña Hernández, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Lo demás es historia. Con lujo de antidemocracia y antijuridicidad manifiesta, porque constitucionalizaron lo inconstitucional, la consulta -que no incluye a ex presidentes, ni su responsabilidad penal- es inservible, sumamente cara y se va a realizar con un gran costo para las finanzas de México. Es triste ver como la intromisión autoritaria de un presidente es avalada por ministros patiños que demuestran su indignidad y su falta de compromiso con el marco jurídico, porque se prestan a los actos autoritarios “bañados” con democracia falsa, de una persona que desconoce totalmente nuestro sistema jurídico, pero que desafortunadamente es presidente, y que manipula las instituciones para satisfacer su hambre y su prepotencia autoritaria para demostrar que él puede incluso, doblegar a su antojo a la Corte, mediante actos de dictatoriales de “democracia mayoriteadora”, que “para eso lo eligieron 30 millones de personas”. Pero, no tiene la culpa él, sino los patiños que le montan el show demagogo, autoritario y populista, es decir, quienes, a costa de su dignidad, le siguen la corriente. Cada quien será juzgado por la historia. Les apuesto dos cosas, y eso que no soy “saurín”: la mayoría va a decir que sí, y no va a votar el 40% del padrón electoral para hacerla vinculatoria. E, independientemente del resultado, la obligación de aplicar la ley, no se sustituye con una encuesta, aunque vote el 100% del padrón y la respuesta sea un sí.  La obligación de aplicar la ley subsistirá, y si no se aplica, procede un juicio político en contra de quien incumpla con sus obligaciones constitucionales y legales. Muchas gracias.