Cayó jueza por ‘Tranza’ en INFONAVIT
Es investigada por despojo de miles de viviendas a trabajadores
Por: Enrique Mendez/EL MEXICANO | 03/27/2019
TIJUANA.- Bajo la sospecha de haber incurrido en presuntas acciones ilícitas, la jueza Quinto de lo Civil María del Rosario Plascencia Ibarra, ha sido removida de su cargo a partir de este martes 26, su lugar lo ocupa Michele Segura Covarrubias.
A la ahora ex juzgadora se le indaga en torno a graves irregularidades durante la adjudicación de cuando menos 5 mil 200 viviendas de Infonavit en Baja California.
En lugar de Plascencia Ibarra, es juez interina o provisional la licenciada Michele Segura Covarrubias, que fungía como Proyectista en el Juzgado Primero de lo Civil a cargo del licenciado Pedro Galaf Hernández.
Tanto la separación del cargo de Plascencia Ibarra, como el nombramiento de Segura Covarrubias, fue por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California.
La separación del cargo se desprende a raíz de la queja promovida a finales del mes pasado, por los cargos relacionados en el expediente 608/2014 en los que se adjudican mas de 5 mil viviendas al Infonavit de Baja California.
En la indagatoria también se incluye a secretarios de de acuerdos y a los actuarios del Juzgado Quinto de lo Civil, sin embargo de acuerdo a la ley, estos quedan exentos de cualquier responsabilidad, pues su función es solo dar fe a lo que autorice o decida el juzgador.
De acuerdo a la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, se radica que indebidamente la jueza admitió el proceso por jurisdicción voluntaria, negó al margen de la ley la oportunidad de que los dueños de las viviendas que adjudicadas pudieran defender su patrimonio.
En torno a este escándalo judicial, el entonces presidente del Colegio de Notarios Públicos, Mtro. Carlos Ahumada Arruti, insistía en denuncia que estaba incurriéndose en un ilícito cuando se daba por válida la Resolución Definitiva de Rescisión del Instituto, con la cláusula “Pacto Comisorio Expreso” que cancelaba de forma unilateral los contratos.
Muy a tiempo la central obrera CTM a nivel estatal elevó una protesta pública por lo que estaba aconteciendo en este tema y hasta un desplegado fue enviado a diversas instancias entre las que destacaron el gobernador del Estado Francisco Vega y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, así como al senador Jaime Bonilla Valdez.
Seguramente que esta indagatoria, dará pie a que la autoridad correspondiente continúe con la investigación que determine la posible complicidad de otros actores del servicio público del Estado en este escandalo jurídico que alcanzó la difusión de medios de comunicación a nivel nacional.
A la ahora ex juzgadora se le indaga en torno a graves irregularidades durante la adjudicación de cuando menos 5 mil 200 viviendas de Infonavit en Baja California.
En lugar de Plascencia Ibarra, es juez interina o provisional la licenciada Michele Segura Covarrubias, que fungía como Proyectista en el Juzgado Primero de lo Civil a cargo del licenciado Pedro Galaf Hernández.
Tanto la separación del cargo de Plascencia Ibarra, como el nombramiento de Segura Covarrubias, fue por acuerdo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California.
La separación del cargo se desprende a raíz de la queja promovida a finales del mes pasado, por los cargos relacionados en el expediente 608/2014 en los que se adjudican mas de 5 mil viviendas al Infonavit de Baja California.
En la indagatoria también se incluye a secretarios de de acuerdos y a los actuarios del Juzgado Quinto de lo Civil, sin embargo de acuerdo a la ley, estos quedan exentos de cualquier responsabilidad, pues su función es solo dar fe a lo que autorice o decida el juzgador.
De acuerdo a la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, se radica que indebidamente la jueza admitió el proceso por jurisdicción voluntaria, negó al margen de la ley la oportunidad de que los dueños de las viviendas que adjudicadas pudieran defender su patrimonio.
En torno a este escándalo judicial, el entonces presidente del Colegio de Notarios Públicos, Mtro. Carlos Ahumada Arruti, insistía en denuncia que estaba incurriéndose en un ilícito cuando se daba por válida la Resolución Definitiva de Rescisión del Instituto, con la cláusula “Pacto Comisorio Expreso” que cancelaba de forma unilateral los contratos.
Muy a tiempo la central obrera CTM a nivel estatal elevó una protesta pública por lo que estaba aconteciendo en este tema y hasta un desplegado fue enviado a diversas instancias entre las que destacaron el gobernador del Estado Francisco Vega y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, así como al senador Jaime Bonilla Valdez.
Seguramente que esta indagatoria, dará pie a que la autoridad correspondiente continúe con la investigación que determine la posible complicidad de otros actores del servicio público del Estado en este escandalo jurídico que alcanzó la difusión de medios de comunicación a nivel nacional.
