Bonilla propone ampliar mandato del Fiscal General a 9 años

Tijuana, B.C., Julio 23.-  El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla (Morena), envió una iniciativa al congreso Estatal, donde propone que el periodo del Fiscal General del Estado se amplíe de 6 a 9 años, que de ser aprobada mantendría en la gestión a su "compadre" Guillermo Ruiz Hernández, hasta el 2028.

De ser aprobada dicha iniciativa, el actual fiscal duraría en su encargo, el cual debería culminar en 2025, se ampliaría hasta el 1 de noviembre del 2028, lo que supera las gestiones de Bonilla Valdez, así como de Marina del Pilar Ávila Olmeda, y abarcaría el primer año de quien la suceda en la gubernatura.

Cabe señalar que el fiscal Guillermo Ruiz Hernández fue designado por única ocasión por 5 años, con la intención de homologarlo con los períodos de gobierno.

Ruiz Hernández, quien no niega la amistad con Bonilla Valdez, ni tampoco su compadrazgo, fue nombrado por el congreso local en el cargo de Fiscal General del estado por el congreso local a principios de noviembre del 2019.

El mandatario estatal presentó la propuesta vía Oficialía de Partes del Congreso local, la cual fue anunciada en la sesión plenaria de la XXIII Legislatura del pasado miércoles, y fue remitida para su estudio, análisis, discusión y dictaminación, a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado por Morena, Juan Manuel Molina García.

Actualmente, el texto constitucional establece que: “Al frente de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General, que durará en su cargo seis años”.

En su exposición de motivos, el mandatario estatal señala que la presente reforma se considera necesaria para fortalecer la organización, funcionamiento y ejercicio de la Fiscalía General del Estado.

Supuestamente, fortalecer el Ministerio Público y sus auxiliares como son la policía de investigación y los servicios periciales, con una visión que permita la continuidad de las estrategias, programas y proyectos enfocados al fortalecimiento de la operatividad de los cuerpos policiales.

Combate a la delincuencia y respeto a los derechos humanos, y de esta manera efectuar los cambios profundos que el Estado de Baja California y sus ciudadanos requieren en materia de procuración de justicia.

La justificación que establece el documentos es que dicha modificación dará mayor fortaleza a la institución, además de homologar los criterios con entidades como Veracruz y Tabasco, donde actualmente se rigen de la misma manera.

La iniciativa permanece en el Poder Ejecutivo para su análisis, a escasos días de que concluya la actual Legislativa y a pocos meses de que termine el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez.