Sigue corrupción en organismos operadores de agua y drenaje

TIJUANA, B.C., 15 de julio de 2020.- Sale a flote más corrupción en organismos operadores de agua y drenaje en Baja California, cuyos directores y empleados establecieron complicidad con 902 grandes empresas “aguachicoleras” que deben más de $2 mil millones de pesos (mdp) y por lo cual ya hay 31 denuncias penales, 38 carpetas de investigación y sanciones administrativas, en las que están implicadas a la fecha, un total de 137 personas.Tal es la revelación hecha por la secretaria de Honestidad y Función Pública del Estado, Vicenta Espinosa Martínez, en el reporte que presentó ante el gobernador Jaime Bonilla Valdez, durante su participación en la cotidiana video-conferencia matutina, para informar a detalle de los avances en las acciones realizadas para “destapar la más grande cloaca” de los anteriores gobiernos panistas.Con el resultado de las auditorías y la dictaminación de un total de 902 empresas evasoras de agua y drenaje en todo el Estado, acumulan a la fecha un monto total de adeudo por $2 mil 131 mdp, de los cuales el Gobierno de Baja California ha logrado recuperar $714 mdp menos del 30 por ciento de la suma global.Así lo reportó la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, al informar que las auditorías fueron aplicadas no solo a las compañías obligadas a pagar por un servicio básico, sino a los propios organismos operadores de agua (CESPT, CESPE, CESPTE Y CESPM, por sus siglas), que por años incurrieron en irregularidades e ilícitos.Indicó que los conceptos revisados, que se derivan de las inspecciones, son: contratos irregulares de medidores, abuso de autoridad, falta de tubería, defensa jurídica inadecuada, cohecho, conflicto de interés y omisión de funciones.Con respecto al número de empresas dictaminadas y los montos de afectación, Espinosa Martínez dijo que, en Tijuana, suman 840 empresas que registran un monto de adeudo por $1,868 mdp, de los cuales se han recuperado $648 mdp y por recuperar $1,219 mdp.En el caso de Mexicali, son 30 empresas con $152 mdp. de adeudo; $62 mdp. recuperados y pendientes $90 mdp.; Tecate tiene 28 empresas dictaminadas con un monto a deber de $80 mdp (no se ha recuperado ni un solo peso); finalmente, en Ensenada son 4 empresas referidas, con 29 millones de adeudo global, de las cuales se ha recuperado $3 mdp y pendiente por recuperar $26 mdp.La secretaria Espinosa Martínez, informó que se llevan a cabo otras inspecciones en la infraestructura de los organismos operadores de agua, como es el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales.En este sentido expresó: Estamos denunciando la omisión contra quien resulte responsable sobre el abandono, la inoperancia, el grado de deterioro, el vandalismo y las condiciones de descuido de plantas de tratamiento de la CESPT Tijuana.La funcionaria comentó que existen contratos de mantenimiento de las plantas tratadoras a los cuales no se les ha dado el seguimiento respectivo, sin embargo, los pagos por el supuesto servicio si se han efectuado; incluso dijo, que los funcionarios despedidos que resulten involucrados deberán asumir su responsabilidad; y que son 8 funcionarios a investigar.Mencionó que en Tijuana se encuentran instaladas 17 plantas de tratamiento, de las cuales 5 están fuera de operación, 6 están en funcionamiento con deficiencia por daños; en tanto, que 9 equipos no han sido entregados al organismo en Tijuana.Por otro lado, la secretaria de Honestidad y la Función Pública reportó que existe una denuncia penal en contra de una empresa que abastece agua por medio de pipas, ya que, sin autorización de la CESPT, se conectó directamente con una manguera a la red del sistema para extraer agua y llenar clandestinamente camiones-tanque en los que lleva y vende el vital líquido a diversos negocios.Agregó que el agua que sustraían era llevada primeramente a una cisterna que construyeron para almacenar el líquido robado, que posteriormente era distribuido y vendido en establecimientos comerciales, como en la Plaza 2000; en razón de este señalamiento, deberá asumir cierta responsabilidad el jefe de distrito, encargado de la zona.Aunque ya procedimos penalmente, al usuario se le tiene que establecer una multa por 465 mil 695 pesos que, a criterio personal, no cubre como multa el daño causado, declaró Vicenta Espinosa.Finalmente, adelantó que en acuerdo con la Federación, se prepara un decreto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que establecerá atribuciones importantes al gobierno estatal para conformar créditos fiscales, revisiones e inspecciones, entre otras facultades.

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