Juicio político para Jaime Bonilla

Tijuana, Bc-. El día de ayer, 24 de agosto, Jaime Cleofas Martínez Veloz, presentó su segunda ampliación de denuncia para Juicio Político, en contra del exgobernador del Estado de Baja California y actual Senador, Jaime Bonilla Valdez y/o quienes resulten responsables, puesto que, cita la denuncia, de forma sistemática y reiterada, realiza conductas que violan gravemente lo dispuesto por las normas constitucionales y legales mexicanas.

Cabe señalar que, el pasado 27 de abril, Jaime Martínez Veloz, presentó ante la H. Cámara LXV Legislatura, la denuncia inicial de Juicio Político, argumentando hechos relacionados a la violación a la Ley de Nacionalidad y Usurpación de Profesión, por parte del exgobernador Jaime Bonilla; a lo que le siguió una primera ampliación, el 5 de Julio del presente. Fundamentado en que el procedimiento de juicio político, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, puede ser solicitado por cualquier ciudadano en contra del servidor público ya mencionado.

Esta segunda ampliación presentada, obedece primordialmente a lo relacionado a los hechos ocurridos este mes de agosto, conocidos por todos, donde vimos episodios de inusual violencia en algunas entidades del país; entre ellos, los suscitados en diversos puntos de Baja California, particularmente el 12 de agosto, donde realizaron quema de decenas de vehículos y unidades de transporte. Y en los cuales trascendió un mensaje atribuido supuestamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, donde además anunciaron, se impondría un toque de queda en el Estado; mensaje que circuló rápidamente en redes sociales.

No obstante, en un programa de noticias local (canal 45 de PSN), propiedad de Jaime Bonilla, en una de sus transmisiones, se leyó el supuesto mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación: “Somos cártel Jalisco nueva generación no queremos lastimar gente buena es mejor no salgan vamos a levantar a todo aquel que se vea esos días en la calle Puro cjng”, causando pánico e incertidumbre en los tijuanenses. Provocando el resguardo y cierre de establecimientos, acentuando el pánico y temor ciudadano.

Aunado a ello, el actual senador Jaime Bonilla Valdez, en su intervención en la Comisión Permanente del Senado, acusó a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de tener pactos con el multicitado cártel, por lo que, según Bonilla, se desató la violencia en varios puntos del Estado. Añadiendo sin argumentos, que esta quema irracional y violenta de autos, fueron un ‘reclamo del cártel al haber violado ella el pacto que tenían”; y que no fueron, según él, actos producto de la casualidad, sino coordinados por los cárteles para reclamar al gobierno de la entidad; diciendo además, “….nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo de Guanajuato y Jalisco y no es cierto. El tema de Baja California es una falta gubernamental estatal, es una falta de oficio político y de conocimiento de lo que estaba pasando”.

Por lo que, esta segunda ampliación de denuncia concluye en su contenido que, de ser cierto lo que afirma Jaime Bonilla:

1.- Las afirmaciones de Jaime Bonilla, confirmarían que, durante el pasado proceso electoral, Morena fue respaldado por el crimen organizado.

2.- Bonilla fue cómplice de los hechos delictivos que ahora denuncia, al no hacer nada para frenar y enfrentar lo que ocurrió durante su gestión o ¿es acaso corresponsable de los mismos?

3.- El actual fiscal, a quien denuncia estar vinculado al crimen organizado, fue colaborador de alto nivel durante su gobierno.

4.- Las concesiones de comunicación que goza Jaime Bonilla, deben cancelarse, dado que difundió un mensaje de quienes realizaron los hechos vandálicos, anunciando un toque de queda que amenazó la tranquilidad de los bajacalifornianos y la economía de comercios que cerraron ante el pánico e incertidumbre.

5.- Es pertinente que Bonilla sea llamado a declarar y responda qué acuerdos se supone que rompió la gobernadora; ¿de dónde obtiene él esa información?; ¿declara como representante popular o como vocero de los cárteles?

6.- En cuanto a la planta fotovoltaica que el anterior gobierno pretendía construir en condiciones por demás desventajosas, Bonilla declaró que el Presidente López Obrador estuvo siempre de acuerdo con el proyecto. ¿Acaso de refiere a este tipo de acuerdos a los que dice que la gobernadora no cumplió?

7.- Se suma un hecho grave para Baja California; el haber contratado durante su mandato, al despacho foráneo Fisamex, para realizar supuestas auditorías en materia de consumo de agua potable a empresas y comercios, clínicas, hoteles y edificios, las cuales, según información gubernamental, produjeron por concepto de multas y recargos, de procedimientos de dudosa legalidad, 2 mil millones de pesos. De los cuales Fisamex cobró el 20% de ingresos, o sea, 400 millones de pesos aproximadamente.

8.- Se solicita citar como testigo en Juicio Político, a la alcaldesa de Tijuana y explique la expresa solicitud pública que realizó a las organizaciones delictivas a través de diversos medios locales, para que “cobren las facturas a quienes no les pagaron”; lo cual constituye un acto de legitimación desde la autoridad, a las actividades de grupos delictivos y una renuncia a las responsabilidades republicanas que la ley le obliga a ejercer.

Es así que, ante la similitud y sincronía de las declaraciones de la alcaldesa de Tijuana con las del Senador Jaime Bonilla, es que se solicita que, en el desahogo del Juicio Político promovido por Jaime Martínez Veloz, se cite ante la Comisión del Congreso de la Unión, a la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, para que aclare, ratifique o rectifique tales declaraciones.