Reparto agrario no cumplió del todo expectativas de los campesinos

Faltó asistencia técnica

Reparto agrario no cumplió del todo expectativas de los campesinos
Por: Bernardo Peñuelas Alarid | EL MEXICANO | 04/27/2020

ENSENADA.- Expone el jurisca agtario y ambiental, Reynaldo Magaña Magaña, que la intención del reparto agrario fue reivindicar a los campesinos, buscando incrementar su nivel de bienestar, aunque no se ha cumplido del todo esa expectativa.

Refiere que en otras exposiciones ha descrito pormenorizadamente el origen del ejido y las comunidades, por lo que aquí obviaré la narración, recordando solamente que la intención del reparto agrario fue reivindicar a los campesinos.

Sin embargo, agrega, la distribución de la tierra no fue acertada originalmente, partiendo de la segunda década del siglo veinte. Abunda que las dotaciones de tierra para los labriegos no solamente fueron reducidas, sino que no se acompañaron de la correcta asistencia técnica, ni de una efectiva política pública de organización para la producción, como hasta la fecha aún se carece en los programas de gobierno.

La asistencia técnica sí se dio, pero no logró el propósito. En la segunda época del reparto agrario, aproximadamente a partir de la década de los treinta’s, el gobierno federal advirtió que pulverizar la tierra para entregarla a los rurales, no resolvería el propósito primigenio de mejorar la vida de los campesinos y sus familias.

Recordó que con el general Lázaro Cárdenas se iniciaron las dotaciones ejidales considerando parcelas de diez y veinte hectáreas en la región norte de México. Se estableció un amplio programa de financiamiento rural, el que permaneció hasta 1992; sin embargo, el espíritu aletargador y opresivo de la Ley Federal de Reforma Agraria, no permitía el desarrollo de los ejidos, y consecuentemente ni de los ejidatarios.

La premisa bajo el imperio de esa ley, era que los campesinos debían ser pobres e ignorantes. No existía la renta aspiracional; esto es, no podían tener más de una parcela, ni más de un derecho agrario, ni capital mayor al equivalente al valor de una vaca y media, ni estudios de mayor nivel que el sexto de primaria, a menos que hubiesen estudiado en una secundaria técnica agropecuaria.

Todo ello se denominaba “capacidad agraria”, luego entonces, el progreso bajo esa tesitura nunca lo lograrían los campesinos, porque la propia ley lo impedía.

Sin embargo, el mundo evolucionó, las relaciones comerciales se expandieron requiriendo cambios en las políticas internas de los países que cada vez más se integraban comercialmente, tendiendo hacia la homologación.

Europa estuvo a la vanguardia en este proceso, impactando finalmente a américa del norte. La globalización empezó a involucrar a México al concluir la década de los ochenta, para finalmente suscribirse el tratado de libre comercio de américa del norte en 1994.

Para ello, fue necesario modificar el marco jurídico agrario, adecuándolo a la dinámica mundial de apertura de mercados. Fue así que los paradigmas en los que se sustentaba el régimen agrario cayeron, abriendo enormes posibilidades de capitalización y progreso  en el campo; se modificaron los impedimentos del desarrollo, en primer lugar la privatización de la tierra, lo más destacado.

Luego todo tipo de sociedades y asociaciones con la tierra ejidal y la posibilidad de expandirse en la propiedad hasta alcanzar los límites de la pequeña propiedad, pudiendo hacerlo en un solo ejido o en varios o combinando tierra ejidal con propiedad privada.

Pero todo ello no logró consolidar el proyecto, los campesinos no han logrado incrementar su nivel de bienestar, salvo algunas excepciones.

Señala que, a poco más de cien años de su inicio, es necesario revisar el régimen ejidal.

Desde el seis de enero de 1915, con la promulgación de la Ley Agraria emanada de los anhelos revolucionarias, hasta 1992, el campo mexicano vivió la etapa del reparto agrario; después debió haber arribado a la etapa de la consolidación económica, pero eso no ha ocurrido.

Añade que el diseño de la actual Ley Agraria es acertado, además de la enorme apertura que le es inherente, la cual se ha atendido por el gobierno; contiene inmerso un extraordinario entramado de disposiciones legales que tienen que ver con la organización para la producción, pero falta compromiso aún para hacer ejecutables estas disposiciones. Es en dos sentidos que se tiene que trabajar; por una parte desde el gobierno para instituir políticas públicas específicamente para la organización de la producción, acompañadas nbde un amplio programa de financiamiento rural, con un nuevo diseño, involucrando a las diversas figuras asociativas contempladas en la propia ley agraria, para que participen como dispersoras de crédito, involucrando nuevas figuras, como los fondos de garantía ejidal, que aún no nacen a la vida jurídica real.

La otra parte está a cargo de los propios ejidatarios; es necesario revisar el marco jurídico de cohesión y de decisiones al interior del ejido, la asamblea ejidal.

Sostiene que hasta hoy ha funcionado más como un lastre para el desarrollo, que como instrumento empresarial para lograr la pretendida consolidación económica.

Además, sugiere que es momento de hacer algunas modificaciones en relación con la asamblea o el ejido en su organización y potenciar con ello la parte del desarrollo que está inmerso en la ley agraria y no se utiliza.



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