TendenciaEjército en las calles, un error que se repite en AL
SAN JOSÉ, Costa Rica, noviembre 5.- Rebasados por la zozobra callejera ante la incesante penetración del tráfico de drogas y de armas, del sicariato, los asaltos y los robos, Ecuador y Perú siguieron el mismo camino de México, El Salvador, Honduras y Guatemala e involucraron a sus fuerzas militares en trabajos policiales y también con el riesgo de fracasar y agravar el deterioro generalizado y creciente de la inseguridad pública.
El aumento de la criminalidad llevó a los gobiernos de Ecuador y de Perú a adoptar medidas extremas de seguridad.
El izquierdista presidente de Perú, Pedro Castillo, aprobó el martes pasado el despliegue por un mes de fuerzas militares en Lima y en la vecina ciudad portuaria del Callao, para controlar el orden interno y respaldar los operativos policiales contra la delincuencia. La Policía Nacional de Perú (PNP) solicitó apoyo a Castillo para combatir el narcotráfico, la tenencia ilícita de armas, los robos y otros delitos.
El centroderechista presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó el "Estado de excepción" por 60 días a partir del 18 de octubre y ordenó un masivo despliegue de fuerzas castrenses en las calles para coordinar con efectivos policiales, frente a la realidad de que 2021 se consolidó como el año más sangriento de Ecuador.
Ambas decisiones reabrieron el debate sobre la eficiencia de involucrar a las fuerzas armadas en misión policial. En el siglo XXI y con diferente intensidad, México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que están entre las naciones más violentas de América, militarizaron sin éxito el combate al crimen organizado y la inseguridad prevaleció y se agravó.
Las medidas inquietaron porque Ecuador y Perú arrastran, desde la segunda mitad del siglo XX, un historial de violación a los derechos humanos —torturas, desapariciones forzadas, privación ilegal de la libertad, arrestos arbitrarios, masacres y ejecuciones extrajudiciales— atribuido a militares y policías. "Con la militarización de la seguridad… los resultados son peores", afirmó la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, directora ejecutiva del (no estatal) Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala.
"Son medidas que los políticos hacen para que la gente tenga percepción de mayor seguridad en las calles, porque ve militares armados. No necesariamente esto redunda en mayor o mejor seguridad", dijo De León a EL UNIVERSAL. "La fuerza militar está entrenada para repeler y atacar al enemigo, carece de formación policial y desconoce el uso proporcional de la fuerza y de armas de fuego, algo inherente a los policías como último recurso. Pero para el ejército es su primera instancia [de respuesta]. Esto baja la calidad de la seguridad pública", con riesgo de "actos represivos" sin proporción ante los delitos, adujo.
"Los regímenes autoritarios prefieren sacar al ejército a la calle", precisó, al recordar que un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre seguridad mostró que los gobiernos con presencia militar callejera "a la larga tienen índices mayores de inseguridad y de violaciones a los derechos humanos".
Con un aumento de su tasa oficial de homicidios por cada 100 mil habitantes de 6.74 en 2015 a 8.3 en 2020, la inseguridad azota a Perú. "La sociedad está diezmada por el avance vertiginoso de la delincuencia y crimen organizado, que se ha incrementado aún más con la masiva migración venezolana, creando en la población zozobra e inseguridad. Es un problema de orden público", dijo el coronel peruano en retiro Juan Roberto Paz, ex secretario General de la PNP.
"Es conveniente y acertado" que, por un plazo específico, las Fuerzas Armadas apoyen la tarea de la PNP, pero sin "militarizar la seguridad" ni que haya "usurpación ni asunción de funciones" policiales, aclaró Paz a este diario.
La estrategia fracasó en otros países porque "las fuerzas policiales no han estado idóneamente preparadas ni han tenido la capacidad operativa, con la logística, instrucción y apoyo normativo", explicó.
Al admitir que la PNP mostró dificultades similares, pese a que busca recuperar "capacidad e idoneidad operativa" y a su carencia tecnológica, subrayó que los problemas se agudizaron "por la falta de autonomía, liderazgo y políticas institucionales, las cuales se han sometido en algunos casos a favores políticos y populismo por los gobiernos de turno.
"Las instituciones policiales con estas deficiencias o dolencias no pueden garantizar una óptima seguridad pública y consecuentemente si esa labor la realiza conjuntamente con las Fuerzas Armadas, en estas condiciones, van a fracasar, como ya lo ha demostrado la historia de la seguridad pública en nuestra región", puntualizó.
Para el abogado y analista político peruano Enzo Elguera, director ejecutivo de la encuestadora Imasolu, de Lima, en Perú "es innegable la necesidad de una intervención policial y militar conjunta. La inseguridad rebasa la capacidad operativa de la Policía. Callao y Lima tienen los índices delictivos más importantes".
El caso ecuatoriano
Con discreta y sostenida infiltración, los cárteles mexicanos del narcotráfico agudizaron la inseguridad en Ecuador y obligaron a Lasso a dictar medidas radicales. "En Ecuador y otros países de América Latina las fuerzas policiales están siendo desbordadas. Es necesario que las fuerzas armadas entren a apoyar el combate de la delincuencia", indicó el analista ecuatoriano Sebastián Mantilla, director ejecutivo del (no estatal) Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), de Quito.
Consultado por este medio, Mantilla aseveró que todavía en Ecuador "no se ha dado", como en México, Guatemala, Honduras o El Salvador, que sus Fuerzas Armadas "entren al combate directo de la delincuencia organizada" y operan en el control de armas en "ciertas zonas".
"En Ecuador es diferente", planteó, al admitir que por la "complicadísima" inseguridad en el país, "ciertos elementos" militares podrían operar "en complemento con la policía".
