Due Diligence: la herramienta de las startups para cerrar rondas de inversión
Si eres un emprendedor experimentado que se encuentra en búsqueda de capital de riesgo por montos mayores a un millón de dólares, como las rondas que ofrecerá Softbank para startups ubicadas en Latinoamérica, tienes que saber cómo funciona el proceso de Due Diligence que realizará el fondo de capital de riesgo antes de otorgar financiamiento a tu empresa.
Por lo general, este proceso se realiza previo a que las partes interesadas lleven a cabo una transacción o relación comercial y puedan tomar decisiones informadas, como sería el caso de invertir en una startup.
Para este tipo de rondas de inversión avanzadas, de Serie A en adelante, el proceso de Due Diligence es sumamente importante debido a los tipos de inversionistas y los montos de capital a invertir. En algunas ocasiones los fondos llegan a solicitarlo, incluso cuando invierten con SAFE´s (convenio simple de adquisición de acciones a futuro por sus siglas en inglés).
“El Due Diligence es un proceso de auditoría que, normalmente, se lleva a cabo entre privados. Éste tiene la finalidad de informar a una de las partes sobre el estado actual de la empresa en distintos aspectos: legales, contables, financieros, comerciales y demás. Si un emprendedor quiere participar en una ronda de inversión, debe de conocer cómo funcionan y estar preparado para afrontarlo”, menciona Víctor Aguirre López, socio fundador de la firma BlackBox Startup Law, especializada en dar asesoría legal a startups en México.
¿Cómo es el proceso paso por paso y cuál es su costo?
Para las rondas de inversión Serie A en adelante, estos procesos se enfocan en temas financieros, contables y legales, principalmente. Los primeros dos rubros son muy conocidos por los emprendedores; sin embargo, el aspecto legal suele ser un problema debido a su especificidad y la amplitud de temas que comprende.
De acuerdo con el especialista de BlackBox en el Due Diligence legal, más allá de la salud financiera y contable de la compañía, se abordan temas corporativos, como la estructura, los libros societarios de la empresa, contratos laborales, demandas civiles o la situación fiscal de la empresa.
También se consideran algunos temas periféricos como el análisis del riesgo laboral (y seguridad social) de la empresa, el estatus de la propiedad intelectual en materia de marcas, patentes y derechos de autor, así como el impacto medioambiental de la compañía y su responsabilidad legal.
Esta divulgación debe ir aparejada con la firma de un convenio de confidencialidad entre las partes para proteger al emprendedor al momento de compartir información sensible de su empresa.
El inversionista líder (lead investor) es el encargado de solicitar y contratar al despacho legal encargado de realizar el Due Diligence. La firma en adición a revisar toda la documentación proveída, también indagará en diversos registros públicos a fin de detectar factores que puedan comprometer o modificar la transacción.
Este proceso puede tardar de dos a seis semanas, dependiendo de la complejidad del caso y se sostiene paralelamente a las negociaciones entre el emprendedor y el inversionista líder.
El costo de esta clase de Due Diligence (financiero, contable y legal) es variable. Puede ir de un monto fijo (de 20 mil dólares aproximadamente) hasta un porcentaje del valor de la transacción, dependiendo del caso.
¿Qué puede retrasar el cierre de una ronda de inversión?
El objetivo del Due Diligence es encontrar información que pueda representar un riesgo para la propia startup (y su modelo de operación) y consecuentemente para los inversores. Por lo anterior, generalmente a los emprendedores se les pide solucionar los problemas identificados con antelación al cierre de la ronda de inversión. De acuerdo con BlackBox Startup Law, los nueve asuntos más comunes que se suelen identificar son los siguientes:
No llevar actualizados los libros societarios.
No tener los títulos de las acciones expedidos.
No haber dado aviso al SAT o a la autoridad competente en materia de inversión extranjera de aumentos de capital o haberlo reportado inadecuadamente.
No ser propiamente el titular del dominio (domain name) o dominios de internet que utiliza la startup.
No tener registrada la marca, tenerla registrada en una clase inadecuada.
No tener registrada la propiedad industrial (patentes y diseños industriales) o los derechos de autor (en específico los programas y softwares) que acrediten la titularidad de la propiedad intelectual por parte de la startup.
No contar con una cláusula de cesión de derechos de propiedad intelectual en los contratos de trabajo respectivos, tanto para cofundadores como para empleados.
Utilizar servicios de outsourcing de forma incorrecta, es decir, con empresas que no estén inscritas en el REPSE.
No llevar adecuadamente la contabilidad, ni las retenciones aplicables a empleados por el Impuesto sobre la Renta y las cuotas obrero patronales.
En este sentido, estas son siete claves que BlackBox Startup Law comparte para tener éxito en el Due Diligence:
Antes del Due Diligence, se debe realizar un checkup legal con un despacho legal especializado que ayude al emprendedor a realizar las modificaciones y mejoras necesarias para cumplir con los requisitos legales de los inversionistas.
Llevar un correcto control, actualización y mantenimiento de los libros societarios antes, durante y después de haberse realizado el Due Diligence: principalmente tener los libros de variaciones de capital y acciones actualizados y los respectivos títulos de acciones expedidos.
Dar aviso al SAT, de forma oportuna y correcta, sobre un aumento de capital en la startup, al igual que a las autoridades competentes en caso de inversiones extranjeras.
Adquirir por el fundador principal todos los dominios de internet que utiliza la startup.
Iniciar o concluir con los trámites de solicitudes de marcas, patentes, diseños industriales y derechos de autor.
Modificar los contratos laborales que sean necesarios e incluir una cláusula de cesión derechos de propiedad intelectual a favor de la startup, principalmente para todos aquellos cofundadores o empleados que desarrollen propiedad intelectual del producto o servicio.
Suspender temporalmente los servicios de outsourcing que se estén utilizando y de preferencia contratar directamente a todo el personal.
