Ejidatarios y Comuneros, marginados del desarrollo nacional; padecen despojo de sus tierras

Sufren rezago ancestral, pobreza aguda, déficit alimentario.

La importancia de la propiedad ejidal en México, no se ha valorado en su justa dimensión.

Hay confiscación de tierras ejidales y comunales en los proyectos del actual gobierno.

Los sucesivos presidentes de México a partir de la Revolución, han visto y atendido al esquema de propiedad ejidal y comunal de distintas maneras, aunque coincidentes en la falta de consistencia en los diferentes programas de capitalización e inversión; sin cambios notables en las condiciones sociales, productivas y de intercambio equitativo con los demás sectores. Dejaron “a la buena de Dios” que este segmento de mexicanos viva y progrese        –en su mínima expresión—rezagado en lo económico, educativo, sanitario, con cambios tecnológicos esporádicos y sumido en la pobreza, con el agravante de que las tierras repartidas presentan fuertes problemas de degradación por erosión eólica e hídrica.

La degradación de los suelos en áreas de cultivo y en la actividad forestal; en espacios para la producción de todas las especies pecuarias; en selvas tropicales, de acahuales y manglares, ya alcanza 140 millones de hectáreas, con índices de baja productividad y una erosión progresiva en esa superficie. El tamaño del reparto agrario en México, es de aproximadamente 105 millones de hectáreas, lo cual es equivalente a más de la mitad del territorio nacional, con un total de beneficiarios de 5 millones con derechos agrarios.

Actualmente una gran cantidad de este segmento de campesinos, enfrenta problemas con los Títulos de Propiedad Ejidal y Comunal, lo cual deriva en despojos y expropiaciones sin indemnizar a los poseedores de tierras. En los últimos años, miles de pequeños productores rurales, en particular ejidatarios, han resultado afectados con la construcción de proyectos gubernamentales.

Estos son los casos del Aeropuerto de Santa Lucía, también llamado “Felipe Ángeles”; la Refinería de “Dos Bocas”, en Tabasco y, sobre todo, en la construcción de una vía férrea con una extensión de 1,500 kilómetros, siguiendo una línea paralela a la zona costera de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. (De acuerdo con estudios sobre conservación ecológica, estas obras serán un “desastre” para la naturaleza).

El reparto agrario llegó a su fin, hipotéticamente, en 1992, coincidente con la fecha de la última revisión de la Ley Agraria, sin que a estas fechas haya surtido los efectos esperados, porque, en resumen, el campo mexicano está empobrecido. Esa revisión ocurrió “como preparación” para la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mismo que fue renovado por el actual gobierno, con la condición de que “nadie haga ruido”, porque si bien desapareció PROCAMPO, al programa sustituto le denominan ahora “sembrando vida”, aunque no está diseñado para apoyar a ejidatarios.

En realidad, se ha dejado a este sector de productores la muy alta responsabilidad de producir los alimentos básicos: maíz, frijol y algunas hortalizas, legumbres y frutales para consumo nacional, mientras que la agricultura de exportación está en manos de agricultores privados. En cuanto a producción y exportación de café y azúcar, por tratarse de productos que requieren procesos industriales, la carga productiva corresponde a ejidatarios y pequeños productores, mientras que la industrialización y las exportaciones las realizan empresarios de las industrias respectivas.

Hay que señalar que los esquemas bancarios creados por los gobiernos “emanados de la Revolución”, exprofeso para apoyar a los pequeños productores ejidales y comunales, así como a ganaderos de especies menores, han resultado auténticos fracasos a lo largo de la historia. Todos los bancos y aseguradoras cerraron por falta de rentabilidad y malos manejos financieros. Hoy persiste una Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, sin rumbo ni recursos.

Con “carteras vencidas impagables”, los deudores se ven en la necesidad de solamente conservar sus parcelas, aunque en muchos casos el gobierno federal ha favorecido grandes expropiaciones ejidales y comunales, con propósitos de creación y extensión de centros turísticos, en particular de estados de la República conectados con zonas costeras nacionales. De la misma manera, gran parte de la industria nacional está asentada en tierras que, en su origen, fueron ejidales y comunales, mientras que también ocupan espacios ejidales los nuevos centros de población y la ampliación de zonas urbanas.

La información sobre el cambio de uso de tierras, seguramente se encuentra en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esto, en sus áreas administrativas desconcentradas: Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria. Se desconoce si estas dependencias realizan informes periódicos sobre sus actividades o, dada la conclusión del reparto agrario, realizan otras actividades relacionadas con el ejido y las tierras comunales.

Desde la “primera Ley Agraria del 6 de enero de 1915”, promovida por don Venustiano Carranza, este ordenamiento jurídico no tuvo efectos inmediatos. Fue hasta la gestión del general Álvaro Obregón que se emitieron los primeros Decretos Expropiatorios, en 1923, para la distribución de tierras entre los campesinos demandantes. De 1920 a 1924 ocupó la Presidencia el general Obregón y lo sucedió Plutarco Elías Calles para el periodo 1924-1928. Sin embargo, Obregón decidió nuevamente ser Presidente de México, pero es asesinado por José de León Toral en San Ángel, en 1928, antes de asumir el cargo.

Estos antecedentes permiten señalar que, a pesar de contar con una Ley Agraria y una nueva Constitución, la de 1917, en la cual esa Ley se convirtió en el Artículo 27, sucedieron varios hechos que impidieron iniciar el reparto agrario masivo a los campesinos sin tierra. Uno de ellos, fue la muerte de don Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla (1920), a quien sustituyó el general Obregón para el periodo de 1920-1924.

En su oportunidad como presidente, el general Plutarco Elías Calles había tenido un desempeño destacado en cuanto a organización de la administración pública.

Destaca su disposición de formar el Banco de México, en 1925, lo mismo que el Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco del Trabajo y el Banco Nacional de Crédito Hipotecario y Obras Públicas, también la Comisión Nacional de Irrigación, antecedente de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, e impulsó fuertemente la educación y la capacitación técnica entre las juventudes.

En estos resultados, Elías Calles se apoyó para considerar que podría disponer los futuros nombramientos de Presidentes de México, en el marco de un mecanismo que hoy conocemos como “maximato”. Así, ocuparon interinatos en la Presidencia el licenciado Emilio Portes Gil, y los generales Pascual Ortiz Rubio, quien antes ocupaba la Embajada de México en Brasil, y Abelardo L. Rodríguez. Estos acontecimientos retrasaron nuevamente el reparto agrario en México, con la consiguiente frustración campesina y seis años perdidos, dos por cada presidente interino.

A la llegada del general Lázaro Cárdenas del Río como Presidente de México, a fin de gobernar de 1934 – 1940 (primer periodo gubernamental de seis años) le dio un gran dinamismo al reparto agrario en México. Sin embargo, conforme han transcurrido los periodos gubernamentales, los diferentes programas de apoyo no fueron consistentes ni tampoco las autoridades han tenido el cuidado de actualizar los datos fundamentales de los ejidos y comunidades, de sus propietarios y poseedores, con el resultado de que “no faltan vivales” que aprovechan circunstancias para despojar de sus parcelas a quienes las han trabajado muchos años “por herencia” no documentada.