El acuerdo para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional sería un atropello más a la Constitución, producto de la obsesión militarista de López Obrador:

Ciudad de México, 9 de agosto de 2022.- Lejos de reconocer la gravísima situación de inseguridad que sufre el país, lejos de trabajar en una estrategia para enfrentar a los grupos criminales, lejos de apoyar el desarrollo de policías en los ámbitos federal, estatal y municipal, el presidente López Obrador insiste en militarizar la (in)seguridad, violando repetidamente la Constitución. Así fue al ordenar una Guardia Nacional militar, atropellando el artículo 21 constitucional, que estipula que dicha corporación debe ser civil. Así fue con el Acuerdo de mayo de 2020, en el que se pretendió eliminar cualquier dique a la operación de las Fuerzas Armadas, al no especificar los ámbitos temporal y geográfico de su despliegue, ni incluir mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas, ni desde luego subordinando a las Fuerzas Armadas al poder civil, como lo exige la Constitución.

No sólo eso: mientras a las policías se les desaparece o se les estrangula presupuestalmente, a las Fuerzas Armadas se les continúan otorgando negocios, se les continúan ampliando recursos, se les continúan ampliando funciones y se les continúan otorgando cargos diversos a lo largo de toda la estructura del gobierno federal. En congruencia con esta obsesión por desnaturalizar las funciones de soldados y marinos, por abusar de su lealtad, el presidente López Obrador ahora anuncia otro acuerdo inconstitucional para trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Causa en Común rechaza esta insistencia en pisotear la Constitución, en evadir la responsabilidad de enfrentar la inseguridad con policías fortalecidas, y en empujar a las Fuerzas Armadas a una peligrosa desviación política, contraria a su esencia y a su misión.

Una Guardia Nacional civil: la ley es la ley.